Mesa redonda sobre el 40 aniversario del atentado del Hotel Monbar

El atentado del Hotel Monbar, el 25 de septiembre de 1985, fue el atentado más sangriento de los GAL. Ahora, con motivo del 40 aniversario, se han organizado varias actividades, sobre todo en Baiona y en Donostia.

Una de las más llamativas, a mi juicio, es la que el Instituto Gogora ha organizado, una exposición en Ernest Lluch Kultur Etxea. Es una muestra de una trece paneles que se puede visitar hasta el lunes 20 de octubre. Está en la planta superior del centro, en el acceso de la biblioteca de la casa de cultura. Cuentan negro sobre blanco qué fueron los GAL y quiénes estaban detrás de ellos.

Lo más importante viene ahora. El 29 de septiembre tuvo lugar la inauguración, con una petición de perdón a cargo de la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José (PSE-EE). El acto contó con la presencia de una amplia representación institucional, miembros de diferentes partidos incluidos, así como con víctimas de los GAL y de ETA. No estuve allí y no sé más que lo que pone en el comunicado enlazado en este mismo párrafo. Y lo poco que he leído en la prensa. Por ejemplo, este titular de El Diario Vasco: El PSE pide perdón a las familias de los asesinados por los GAL: «Nunca debió ocurrir».

Además, el 7 de octubre tuvo lugar un segundo acto. Según los organizadores, fue una actividad más pedagógica, una mesa redonda en la que participaron: Ainara Esteran de Egiari Zor, una asociación que reúne a víctimas de violencia estatal; Jon Mirena Landa, catedrático de Derecho Penal (EHU), director de la cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la misma universidad y exdirector de Derechos Humanos del Gobierno Vasco; Jerónimo Ríos, profesor ayudante en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y autor, junto con Egoitz Gago, del libro El terrorismo de estado ante sus víctimas. Conversaciones a propósito de Los GAL, donde ha recogido testimonios directos de víctimas de los GAL.

El diario Gara hizo una crónica de este acto: Monbar, culmen de los GAL y prueba de su impunidad y del maltrato a las víctimas. Está en abierto.

NotebookLM me ha ayudado a recoger en bruto la totalidad de la mesa redonda. He quitado la introducción a cargo de Alberto Alonso, director del Instituto Gogora, así como la presentación previa de Maitane Salinas, la moderadora del acto.

Podéis haceros una idea de la exposición en este álbum de Flickr. Las fotos son mías.

Los GAL y el terrorismo de estado desde la perspectiva de los derechos humanos

Maitane Salinas: Arrancamos porque tenemos por delante una hora y cuarto intensa e interesante.

Jon Mirena, ¿qué suponen los GAL en concreto y el terrorismo de estado en general desde la perspectiva de los derechos humanos?

Jon Mirena Landa: Yo creo que en una primera intervención es bueno colocar el GAL en su perspectiva. Porque el GAL no nace de la nada, sino que es una línea de continuidad que arranca con una violencia de estado que ya estaba operando previamente en lo que fue una dictadura después de la Guerra Civil. Continúa la máquina represora. Esta se intensifica cuando van a surgir distintos grupos, entre ellos particularmente ETA en sus distintas versiones. Ahí se va a intensificar la violencia, pero luego esa violencia también traspasa el marco formal de la Constitución. La Constitución se aprueba, hay un cambio de régimen, pero sigue habiendo violencia en dos direcciones: violencia policial y violencia, vamos a decirlo así, parapolicial con distintas siglas. Es una de las estrategias también de ocultamiento de la violencia.

El Estado puede actuar a través de sus fuerzas y cuerpos de seguridad de una manera entre comillas connatural a lo que puede ser un estado de injusticia, un estado dictatorial, pero luego hay una transformación democrática y perviven, sin embargo, una serie de organizaciones que se suele decir están en colusión con aparatos del Estado: Batallón Vasco Español, Triple A, etcétera.

Luego va a aparecer el GAL, que es de los más organizados. Bueno, sabemos que está más organizado que otros, pero tampoco sabemos cómo estaban de organizados los demás, porque no hubo una investigación adecuada. Siempre han sido reivindicaciones de grupos, pero no se sabía bien, ¿no? Y esto lo digo porque uno de los problemas que tenemos con la violencia del Estado es que no tenemos datos, porque si no ha funcionado la maquinaria de la Administración de Justicia, entonces, ¿con qué datos nos presentamos públicamente?

En este caso, hay un informe, yo me acojo a él como punto de partida, un informe preliminar impulsado desde el Gobierno Vasco en el año 2013 (pdf). Le pone una cifra. Es una cifra incorrecta, mínima, de partida, pero habla, del periodo entre 1960 y 2013, de 167 muertos entre actividad parapolicial y actividad policial. Muertos, por tanto, de violencia del Estado. Incluidos los 27 muertos del GAL, pero 167. Habla también de 1.172 heridos. 1.172 heridos. Serán muchos más, pero es una cifra preliminar. Y se habla de unas cifras de 5.000 torturados. Antes se hablaba de 5.000 denuncias. Esas denuncias fueron acompañadas por informes validados por lo que puede ser un Protocolo de Estambul, por informes forenses, es decir, análisis en profundidad de las víctimas y chequeo de hasta qué punto los testimonios tienen una validez, que son, por otra parte, formas de prueba normales en un juicio penal, pero en este caso sin el contexto ni el formato de un juicio penal, que avalaban por lo menos la cifra de 4.000 o 5.000.

Entonces, esta es la foto y esta foto no es para cargar las tintas en términos políticos; es porque si queremos enfrentar, y queremos enfrentarlo, un fenómeno como el GAL hay que mirar cuáles son los patrones que hay detrás. ¿Qué derechos tienen? Pues, justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Pero, claro, garantías de no repetición, ¿sobre qué base? Sobre unos patrones de funcionamiento.

Entonces, ha habido una serie de patrones de funcionamiento que están invisibilizados porque hay tácticas, estrategias de invisibilización (no se investiga, no hay juicios…) y ante eso es ante lo que nos tenemos que enfrentar para intentar detectar los patrones y revertirlos. Revertir esos patrones serían las garantías de no repetición, ¿no? Y dentro de esas garantías de no repetición vendría también el gran recogedor que son los procesos de memorialización. Los procesos de memorialización consisten en recordar lo que ha pasado, pero primero hay que construirlo.

El terrorismo de estado

Maitane Salinas: Una gran entrada, sin duda.

Jerónimo, ¿qué elementos y singularidades tiene el terrorismo de estado? ¿Qué lo caracteriza?

Jerónimo Ríos: Bien, en primer lugar, muchas gracias por la amable invitación al día de hoy. Me encanta estar aquí con ustedes compartiendo este espacio.

Hablar de terrorismo de Estado es particularmente complejo porque implica salirse de un saber hegemónico que hay en las ciencias jurídicas, en las ciencias sociales, que es que el terrorismo es un tipo de acción o de violencia política que viene desde los márgenes para actuar contra un régimen o un sistema político establecido. Claro, el problema está que eso implica negar que el Estado puede ser terrorista o que el Estado puede desplegar tipos de violencia similares al terrorismo.

Desde hace 20 años, los estudios críticos de terrorismo han tratado de buscar qué variables permiten caracterizar o sistematizar un tipo de violencia política particular dirigida desde el Estado para concebirla como terrorismo de Estado. 

¿Cuándo hablamos de terrorismo de Estado? Evidentemente, cuando hay ilegalidad, cuando hay impunidad, cuando hay clandestinidad, cuando hay dirección política, cuando hay sistematicidad y cuando hay mecanismos verticales de información que conectan al actor político con el actor policial o militar de turno.

Generalmente, esto está muy claro cuando abordamos sistemas dictatoriales, no democráticos. No hay que ser muy audaz para entender el terrorismo de estado, por ejemplo, en el Chile de Pinochet o en la Argentina de Videla. Es muy fácil identificar esos patrones, pero es mucho más problemático cuando eso lo extrapolamos a contextos democráticos.

¿Un sistema democrático puede desarrollar patrones de violencia terrorista que se imbuyan o se integren en estas categorías? Por supuesto. En el caso de los GAL recogería todo ese tipo de elementos: sistematicidad, dirección política, clandestinidad, impunidad, etcétera.

El gran problema es que eso lo encontramos en España, lo encontramos en Irlanda del Norte, lo encontramos a finales de los años 60 en la estrategia de la tensión en Italia, lo encontramos en Colombia (los mal llamados falsos positivos son elementos de terrorismo de estado), lo encontramos en Perú, donde el 37% de las 70.000 víctimas vinculadas a la violencia peruana en 12 años fueron perpetrados por fuerzas militares peruanas bajo elementos de absoluta impunidad. Y, por tanto, la gran dificultad está no solamente en caracterizar esas variables, sino en documentarlas.

Y ahí está lo que el profesor Jon Mirena dice: ¿de qué manera encontramos mecanismos fehacientes que permitan identificar ese patrón? Ahí tenemos sentencias, tenemos sumarios, pero sobre todo tenemos historias de vida. Los testimonios, las historias orales son mecanismos que metodológicamente nos van a permitir a los investigadores encontrar un caudal muy importante, no solamente por humanizar sus testimonios, sino para empezar a buscar, a rastrear de qué manera eso permite dirigirlo hacia una categoría que es problemática, que es marginal en los estudios académicos, pero que no obstante hay que seguir trabajando en aras de visibilizarla, problematizarla y enriquecer un debate que va mucho más allá de la academia. Es un debate que tiene una deuda política con la ciudadanía y con la sociedad, ¿no?

Cuatro décadas de abandono

Maitane Salinas: Hilando un poco las historias de vida que comentas, Jerónimo, me gustaría preguntarle a Ainara (Egiari Zor).

Acompañáis, apoyáis, estáis en primera línea con las víctimas y sus familias. ¿Qué sucedió, desde su experiencia, en el momento del atentado y, posteriormente, en las siguientes cuatro décadas? ¿Cómo lo viven?

Ainara Esteran: Bueno, pues lo viven desde el más absoluto abandono. Es decir, desde el momento de los crímenes no tienen apoyo institucional de ningún tipo ni del estado en el que se produce, el Estado francés, ni del estado en el que estamos, ni de las autoridades vascas tampoco. O sea, están absolutamente abandonados, solos; incluso tuvieron problemas para poder acceder a ver los cuerpos de sus familiares en el momento. Muchos problemas para traerlos a casa: vinieron custodiados por la Guardia Civil con un montón de impedimentos por el camino, no se les pudo dar el adiós que las familias deseaban, hubo cargas policiales, el pueblo tomado por la policía, el propio cementerio… Es decir, desde el principio fue todo caótico.

Después, durante todos estos años, han tenido el apoyo de familiares, del entorno, de la gente del pueblo, que ha sido la que les ha ayudado a tirar para adelante compartiendo con ellos también ese dolor y, sobre todo, la injusticia de que han visto cómo a pesar de lo que estaba sucediendo (el Hotel Monbar y esos atentados no fueron ni los primeros ni los últimos), porque ha habido más violencia de estado como citaba antes Jon Mirena: violencia policial, ejecuciones extrajudiciales, torturas, muertos en comisarías, etcétera. Y el patrón ha sido todo el rato el mismo: es decir, una falta de justicia absoluta, no porque no habría de dónde investigar o de dónde sacar información, sino porque el aparato judicial no ha querido investigar. Y para mí esa es una cuestión clave. Porque estamos hablando de terrorismo de estado y de violencia vinculada a los aparatos del Estado. Y entonces podemos entender que el Estado a sí mismo no se va a investigar ni se va a juzgar.

Han vivido cómo, de alguna manera, en los años 90 empieza a tratarse todo el tema de de las víctimas y de la violencia, pero solo de una violencia y su realidad no se tenía en cuenta. A pesar de ser víctimas reconocidas por la Ley Integral de Víctimas del Terrorismo, a sus casos no se les daba ningún tipo de visibilidad. En este sentido, eran como víctimas de segunda sobre las que caía una especie de poso: «bueno, se lo merecían, ¿no?». Es una cuestión muy dolorosa, porque al final la pérdida de un familiar es igual para todo el mundo, independientemente de la violencia que te lo robe.

Luego, también hay una cuestión importante en este camino de las víctimas en general, y de las del GAL en este caso concreto, que es que todas las víctimas tienen derecho a la verdad. Sin embargo, a las víctimas del Estado ese derecho se les cercena de manera legal, porque en el Estado español hay una ley, la Ley sobre secretos oficiales, que de facto les cercena su derecho a saber la verdad y llevamos reclamando años junto a ellas para que se desclasifique esa documentación. Porque la Ley sobre secretos oficiales dice que se guardará esa información para garantizar la seguridad del Estado. Claro, es tratar a la sociedad como párvulos, porque ¿qué puede haber en esos documentos que ponga a día de hoy en peligro el Estado? Al Estado o al sistema democrático. Más al contrario, el no desenterrar esto, el no sacar esto a la luz y que sea patrimonio de toda la sociedad, porque toda la sociedad tenemos derecho a saber la verdad. Es un derecho que nos asiste a todas. No hacerlo, no desclasificar esa documentación y sacar la verdad de una vez a la luz, genera una tacha, una mancha en el propio sistema democrático. Porque desde luego nada de lo que pueda haber ahí va a poner en peligro ningún sistema democrático, pero sí está perpetuando la impunidad de los responsables.

La sociedad y el contexto de 1985

Maitane Salinas: Seguiremos, seguiremos. Pero, efectivamente, esa impunidad es también una de las características que tú comentabas.

Jerónimo. ¿En qué contexto se produjo el atentado de Mombar? ¿De qué sociedad estamos hablando y qué impacto tuvo en aquel momento?

Jerónimo Ríos: El atentado y los cuatro asesinatos, así como la víctima herida en ese atentado, se inscriben bajo unas coordenadas muy particulares, casi de laboratorio. De política antiterrorista en el marco de una legislación muy cuestionable que es la que amparaba la Zona Especial Norte (ZEN) y la legislación antiterrorista, ya que básicamente lo que permitía era naturalizar un estado de excepción. Esa es de las cuestiones que muchas veces en los estudios críticos de terrorismo más tratamos de visibilizar, ¿no? Cuando el Estado se sirve para plantear espacios de disputa de ámbitos de legislación que son favorecedores de todo tipo de atropellos a libertades civiles, garantías políticas, que más bien bajo el paraguas de la democracia desdemocratizan un tipo de política antiterrorista.

Los años 84 y 85 son particularmente virulentos, ustedes lo saben perfectamente, porque se busca evidentemente cercenar esa idea de Baiona y de Iparralde como espacio de protección a la presencia de ETA, pero sobre todo lo que busca básicamente el Estado español es presionar a Francia y hacerla corresponsable de su política antiterrorista. Y eso está presente desde el primer manuscrito, la primera reivindicación de los atentados de los GAL, donde básicamente lo que ponía encima de la mesa es: venimos a presionar al Estado francés para que haga parte de esta gestión compartida. Y esto es una cuestión que luego abordaremos, pero que nos obliga a repensar el papel de Francia.

Francia ocupa una función de comisión por omisión absoluta, en la cual hay que reconocer sus responsabilidades, hay que reconocer sus intereses compartidos y hay que exigir un marco de visibilidad y de garantías jurídicas a las víctimas de terrorismo de Estado que está ausente por completo. Cuando uno habla con víctimas francesas, fuera de la Izquierda Abertzale, hay un absoluto desamparo. Es imposible visibilizar cualquier tipo de reivindicación de este tipo de víctimas. Y esto nos lleva incluso a problematizar la misma categoría de víctima. Es decir, quizá la Ley 29/2011 y otro tipo de legislaciones, además de comprender a todas las víctimas españolas que sufrieron la violencia terrorista del Estado español en Iparralde, tendría que comprender a todas las víctimas de nacionalidad francesa que son parte de esta circunstancia y que se encuentran en una situación absoluta de ostracismo, de opacidad y de negación de derechos.

De tal manera que el Hotel Monbar y el atentado de los GAL es un ejercicio para ese imaginario socialista del primer gobierno de Felipe González: es la máxima eficacia en su propósito de anular a ETA. Recuerdo, y es realmente sangrante, el testimonio que ofrece José Amedo en Cal viva, donde prácticamente se jacta de ese tipo de violencia desplegada por los mercenarios que hicieron ese atentado. De tal modo que quizás sería una suerte de corolario a dos años muy particulares, por supuesto, y como decía Ainara, habrá que esperar hasta mediados de los años 80, hasta 1987, para poner fin formal a lo que fueron los GAL. Indudablemente es un punto de inflexión en ese tipo de violencia que nos ocupa hoy, que conviene remarcar. Y me parece muy acertada la selección de este atentado para precisamente subrayar esas contradicciones, esos elementos en los cuales la sociedad civil, el mundo político y también el académico tienen una deuda con ustedes y que yo creo que a partir de este evento podemos empezar a trabajar.

¿Justicia?

Maitane Salinas: Sin duda. Es una acción más en este camino que será largo, pero que estamos caminándolo ya.

Jon Mirena, en cuanto a estrategias jurídicas en aquel momento, ¿cómo operaron o cómo no operaron?

Jon Mirena: Yo partiría primero del caso Mombar. Porque en la última historiografía hay voces que dicen: «Es que estas cosas las tiene que aclarar la historiografía. La historiografía tiene que comprometerse e intentar sacar todo lo que pueda».

De la más reciente que he leído, había como dos ideas: una, dice que el GAL era lo más organizado y, de lo que conocemos, sí, era lo más organizado; y dos, como que más o menos se había hecho justicia. A mí esa afirmación me parece peligrosa y, en el estadio en que estamos de oscuridad de todas estas cosas, me parece que puede ser hasta banalizadora.

Y me explico. Sí es cierto que con el GAL hubo algunas sentencias, pero vamos al caso Mombar, por ejemplo. Parece que es indiscutible que había cuatro mercenarios: dos fueron los que dispararon y fueron perseguidos por refugiados vascos, pero hay otros dos mercenarios que no van a comparecer en sede judicial y que se evaporan. Cuando hay esa persecución para intentar detener a esos dos mercenarios, (Pierre) Frugoli y (Lucien) Mattei, hay testimonios ya desde el libro de 2001 de Woodworth que decían: «Había un coche allí que se movía». Algunos creían que eran policías, otros creían que quizá eran los dos mercenarios que habían venido acompañando a los dos que abren fuego.

En sede judicial se les va a condenar a los dos mercenarios porque los detienen los refugiados y se los entregan a la policía, a la gendarmería. Van a ser juzgados y condenados en diciembre de 1987 en la Audiencia de Pau a prisión perpetua con un cumplimiento mínimo de 18 años. Luego, en segunda instancia, a uno de los dos, que fue el más proclive a colaborar, se le va a convertir en 20 años de prisión, pero ya en la instrucción aparece el nombre de Amedo y se incluye una foto suya, porque quien colabora dice «No, a nosotros nos reclutaron en Marsella», le enseñan la foto de Amedo y dice «Sí, me parece que sí». Entonces, aparecen ya en la instrucción los nombres de Amedo, de Michel Domínguez y de un tal Francis.

Luego vamos a la vía de quiénes les han organizado: ¿quiénes les reclutaron en Marsella?, ¿quiénes les dieron la información en San Sebastián? Bueno, esa parte de la instrucción se desgaja y no tiene mayor continuidad. En ese momento, justo a finales de 1987, va a haber una orden de búsqueda y captura ya desde autoridades francesas por otro tipo de sumarios (Bar Consolación y Bar Batxoki), que va a acabar con la detención en 1988 de Amedo y ahí se van a iniciar los procedimientos con Garzón.

Pero me quiero centrar en qué justicia ha tenido el caso Monbar. Bueno, ha habido dos mercenarios condenados, pero estamos totalmente ciegos respecto de lo que era la estructura que subía para arriba. Y esto lo pongo como ejemplo de que esa es una justicia muy parcial.

Pero ahora lo extrapolamos a los 27 casos. En los 27 casos, yo de un punteo (no he hecho un análisis exhaustivo porque es un trabajo oceánico), pero de los 27, por lo menos, hay una decena de casos de archivo en donde no hay ninguna instrucción eficaz en cuanto a ni siquiera intentar identificar alguno de los mercenarios. Cuando se producen algunas condenas (unas en Iparralde y otras en Hegoalde) son de mercenarios, pero todas las condenas que van más allá de mercenarios van a ser más o menos el triángulo formado por: la sentencia del caso Amedo y Domínguez con el Bar Consolación y Bar Batxoki, que se condena en 1992 por el Tribunal Supremo; el caso Segundo Marey, en el que vuelven a condenar a Amedo y a Domínguez y ya entra todo el, vamos a decir, grupo político (Barrionuevo y compañía); y luego está la sentencia de la Audiencia Nacional del caso Lasa-Zabala, 2000-2001. Es decir, son las tres sentencias, hay alguna más de fondos reservados, pero son como el triángulo en donde se agarró a policías, pero de un segundo nivel.

En todas ellas, y no tengo ahora tiempo de desarrollarlo, siempre de manera sistemática se neutralizará y quedará excluido el cargo de banda terrorista. Habrá condenas por otro tipo de cargos (malversación de caudales públicos, secuestro, asesinato), pero nunca por banda terrorista. Por tanto, en esa pirámide, muchos casos ni se investigan, en algunos se condenan a mercenarios, pero de allí para arriba hubo una contención de no mirar cuánto de organizado está todo esto.

Por tanto, hay una verdad judicial absolutamente lastrada de manera voluntaria con detalles de estrategia. Luego, si tengo tiempo, volveré a ello.

Si lo comparas con supuestos en los que había total impunidad, aquí sí que hubo alguna actividad judicial, pero hubo un frenazo.

Ha habido un documental de Sylvie Garat, que lo ha emitido la televisión France 3 y que ha removido bastante también en Iparralde, en el que aparecen jueces de instrucción dando una especie de aldabonazo: ¿qué pasó aquí? Y estos jueces de instrucción aparecen diciendo que, vale, los mercenarios sí, pero que de ahí para arriba hay una nebulosa sobre esa cuarta o quinta pata del GAL. Qué autoridades policiales fueron conniventes, qué autoridades políticas fueron conniventes y qué reparto de papeles hubo.

En el caso Monbar, cuando salió la sentencia, el fiscal vino a decir que hacía profesión de fe (así consta en las hemerotecas) de que ahora le tocaría a España de alguna manera vérselas… Es decir, había una renuncia a investigar lo que eran las conexiones que en un caso o en otro siempre acababan llevando a España.

Y esta es la situación de la justicia, muy deficiente, por tanto.

Ahora, ¿por qué?

Maitane Salinas: Y teniendo en cuenta que esta es la realidad deficiente, Ainara, ¿cómo han vivido los familiares, las víctimas?, ¿cómo ha sido el proceso para ellos y ellas?

Ainara Esteran: Bueno, pues recuerdo que cuando Gogora nos convoca para comentarnos cuál era la idea que tenían de trabajar el tema de Monbar después de 40 años, nosotras nos reunimos con los familiares uno por uno, fuimos a sus casas y la primera reacción fue de asombro y de desconfianza. ¿Por qué nosotros en 40 años no hemos sabido nada de ninguna institución? Ahora, ¿por qué? Había bastante desconfianza en el sentido de no querrán utilizarnos para blanquear o justificar que se hace para que en el fondo no se haga nada. Pero sí que estaban dispuestos a escuchar y a sentarse con el Instituto Gogora para escuchar de primera mano lo que lo que se proponía.

Es cierto que se les ha dado un trato realmente bueno, se ha compartido con ellos todo y cuando digo todo es todo: el contenido de la exposición, las biografías de sus familiares… En fin, se ha hecho todo de manera consensuada, compartida con ellos. Tenían sus reticencias, pero han ido viendo que las cosas se han ido trabajando como hay que trabajarlas, con seriedad, sobre todo entrando a la cuestión no por encima, sino entrando de manera efectiva. Como han dicho aquí los compañeros, el GAL no nace en una probeta; el GAL lo crea un gobierno de un estado y hay unas responsabilidades políticas, ha habido unas condenas, unas excarcelaciones tempranas también, hay una impunidad y todo esto se refleja en la exposición.

Entonces, yo creo que están agradecidos: hemos pasado de la desconfianza al reconocimiento de que se está haciendo bien.

Y luego también ellos pensaban que no podían decir que no, porque esto que está haciendo hoy Gogora con nosotros, con el tema de Monbar, quizá sirva para abrirle la puerta a otras víctimas del estado que vengan después. Creo que ha habido también generosidad por su parte y creo que todo esto es positivo. Y es con eso con lo que se quedan.

Maitane Salinas: Sí, porque gracias a ese activismo de las propias víctimas a día de hoy estamos avanzando. Porque muchas veces creemos que lo hacemos desde otros lugares, pero las verdaderas protagonistas son estas personas.

Ainara Esteran: Eso es. Nuestra experiencia en Egiari Zor está muy vinculada a víctimas de los GAL. Porque cuando nosotros empezamos a juntarnos entre nosotras para crear esta fundación, ellas fueron las primeras. Y sí que tengo que agradecerles que fueron un poco la pantalla. Ellas tenían ya un reconocimiento pequeñito, de la manera que explicaba al principio, a través de la Ley de Víctimas del Terrorismo, y tuvieron una generosidad absoluta.

Es decir, que utilizaron ese pequeño reconocimiento que tenían para salir a la escena pública y decir: «no somos las únicas víctimas del Estado. No, hay muchas más víctimas de ejecuciones extrajudiciales, de torturas». Quiero decir que en nuestros inicios eran ellas quienes ponían la cara para visibilizar a unas víctimas del estado que casi ni existían.

Entonces, desde aquí quiero darles las gracias, porque nuestro camino hubiera sido bastante más difícil del que ha sido, que ya lo ha sido de por sí.

Diferentes tipos de violencia de estado

Maitane Salinas: Sin duda, sin duda. Eskerrik asko benetan [Muchas gracias de verdad].

Jerónimo, ¿se puede separar el terrorismo de estado de otros tipos de violencia? Porque aquí a veces nos confundimos en una polisemia interesada en ocasiones, y en otras quizá por ignorancia.

Jerónimo Ríos: Para los académicos esa es una tarea ardua siempre, la de buscar categorías conceptuales sobre las cuales entender qué tipo de naturaleza perpetra la violencia y qué tipo le ofrecemos a ese ejercicio de la violencia. Por supuesto, y lo han dicho muy bien mis compañeros, hay diferentes expresiones de violencia: no todo es terrorismo de estado. Para que sea terrorismo de estado tiene que haber elementos muy singulares. Por supuesto que la tortura es un tipo de violencia evidentísima, las desapariciones extrajudiciales, el terrorismo parapolicial, pero los GAL no fueron terrorismo parapolicial.

Yo trato siempre de enfatizar eso con algunos colegas académicos que enseguida recurren a este término. Porque parapolicial parece que es una categoría en la que un grupo de mercenarios se asocian de manera más o menos interesada, como pudieron ser otro tipo de expresiones, pero los GAL son un elemento en el que hay una sistematicidad muy diferente a la del Batallón Vasco Español: hay una dirección política que conecta Madrid con Euskadi, hay una dirección política que conecta con estamentos policiales y eso le da una singularidad propia.

Las violencias por abusos policiales, las violencias por tortura, el marco legislativo que favorece ese despliegue de violencias no son terrorismo de Estado. Involucran y responsabilizan al Estado, pero es otro tipo de violencia diferente, no por ello menos importante; únicamente que para que sea terrorismo de estado se tienen que dar elementos singulares.

A veces parece que hablar de tortura o hablar de víctimas por violencia policial tiene un estamento menor a ser destinatario de la violencia de los GAL. Y por supuesto que no.

Me acuerdo que para el libro hablamos con Tamara Muruetagoiena, la hija de de Esteban Muruetagoiena, hablamos con la familia de Mikel Zabalza. Y claro que responsabilizar al Estado por ese ejercicio de violencia es un imperativo categórico, pero nos toca diseccionar muy bien cuáles son las líneas no siempre precisas, y esto los juristas lo hacen mucho mejor que los politólogos, que nos permiten decir esto es terrorismo de Estado como el elemento más excepcional posible, y esto es violencia policial o violencia por abusos o violencia por una motivación política que tiene otro tipo de elemento, pero que en ningún caso tiene que clasificar a la víctima.

Las víctimas no son clasificables, los dolores no son clasificables y los derechos a la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición, la memoria, la dignidad son indisociables de esa condición de víctima.

A mí, particularmente, no me gusta este debate, y no voy a entrar en eso porque seguramente otros colegas lo hacen mucho mejor que yo, pero la categoría víctima-victimario que se basa en el Derecho Penal de autor y no en el Derecho Penal de hecho no me termina de convencer como el elemento diseccionador de esa realidad.

Indudablemente, el terrorismo de Estado, su excepcionalidad y su singularidad, hace que sea un patrón muy difícil de entender, sobre todo en contextos democráticos. En contextos democráticos, por una cuestión sencilla: la falta de fuentes, la falta de elementos tangibles sobre los cuales dirimir responsabilidades y por algo que Paddy Woodworth en su libro Guerra sucia, manos limpias. ETA, el GAL y la democracia española nos decía, el no saber, porque las élites políticas establecen salvaguardas para favorecer un halo de impunidad, sin que la escala de responsabilidades suba. «Yo te doy manga ancha para que hagas lo que quieras, pero no me cuentes lo que haces». Todo ello con el fin de establecer un elemento que permita, en cierta manera, evitar responsabilidades cuando uno en ese ejercicio de reconstruir información a través de diferentes cuestiones (en el caso del terrorismo del Estado, a nosotros nos sirven mucho las memorias y las historias de vida) apuntan o señalan hacia elementos comunes. De tal manera, que es un debate todavía muy abierto.

Las legislaciones antiterroristas, en tanto en cuanto naturalizan estados de excepción, son generalmente muy fáciles de incurrir en abusos que prácticamente desdemocratizan al Estado de Derecho, pero establecer esos lineamientos son complejos, están en construcción. El debate académico está todavía hoy abierto y sistematizar una categoría única de terrorismo de estado es mucho más difícil cuando hablamos de democracias. Insisto, cuando hablamos de dictaduras es mucho más sencillo, pero cuando hablamos de una voluntariedad por desdibujar el Estado de Derecho es mucho más difícil decir hasta aquí llega el terrorismo de estado y a partir de aquí es otro tipo de violencia.

La categoría tóxica de víctima-victimario

Maitane Salinas: Está muy bien que lo pongamos encima de la mesa y empecemos a normalizar y naturalizar estos diálogos.

Jon Mirena, ¿el arco institucional está tratando bien este tema?, ¿cuál ha sido la realidad de iure y de facto, como tú sueles decir muchas veces, de las víctimas del GAL?, ¿tienen reconocimiento oficial?

Jon Mirena Landa: Yo aquí haría énfasis, sobre todo, en lo que son las leyes de acompañamiento de víctimas de terrorismo, y cómo se ha creado esa categorización maldita a mi juicio de víctimas de primera y víctimas de segunda. Algo que no hace bien a nadie, porque muchas víctimas de ETA no se sentirán de primera, pero hay una insistencia desde otros ángulos distintos a las propias víctimas en parecer que hay como dos categorías de víctimas.

Si me remito a lo que es la estrategia jurídica, hay dos fases. Las leyes de acompañamiento a las víctimas del terrorismo llegaron tarde. O sea, que desde que hubo actividad violenta, terrorismo, etcétera, la primera ley de víctimas del terrorismo es de 1999 y se rearma en una segunda versión en el año 2011. Pero el gran problema es que si las víctimas del GAL, o de otros grupos, no tenían la consideración de banda armada, porque las condenas nunca hacían visible ese cargo, quedaba en el instrumento administrativo, en este caso el Ministerio del Interior, determinar quién era víctima. Entonces, ahí hay una primera fase que vamos a decir de facto en que algunas víctimas sí se reconocieron y otras víctimas no se reconocieron.

Pero luego, a mi juicio, lo más grave es lo que ocurrió con la ley del 2011. En principio, la ley del 2011 no tenía una filosofía de jerarquización de víctimas, pero en una reforma del año 2012 a través de la Ley de Presupuestos (cuando el Tribunal Constitucional todavía permitía esas cosas), se utilizó esa especie de ley ómnibus para meter una reforma de la ley de víctimas del terrorismo, modificando quién era víctima del terrorismo. No voy a entrar en demasiados detalles, pero hace una conexión con unas convenciones europeas de asistencia a víctimas, de tal manera que permiten la posibilidad de que se bloquee el reconocimiento, la indemnización, etcétera, cuando sea una víctima que ha tenido un estatus (no utiliza esta terminología de victimario) en el que se haya visto envuelto en circunstancias de violencia, pertenecer a un grupo armado….

Entonces, a partir del 2012, de iure, ya no de facto, hay muchas víctimas que van a quedar como cercenadas. Y se visibiliza claramente esa especie de doble nivel, porque se mezclan también debates jurídicos con debates éticos.

Por tanto, también por visualizarlo, hay víctimas que primero el Estado las mata, y entonces sus familiares intentan hacer la lucha judicial. En la lucha judicial se estrellan, porque las sentencias se prolongan muchas décadas, y son sentencias en donde no se refleja lo que ocurrió. Pero luego, encima, cuando quieren reclamar la condición de víctima, tienen que ir a la ventanilla de donde salieron quienes mataron a sus familiares y les van a evaluar. Y además ahí no es solo una categorización: es que ellos van a decidir quién es victimario, porque igual no hay evidencias judiciales, pero esas evidencias judiciales se sustituyen, la policía las sustituye, por expedientes administrativos.

Esto ha dado lugar, por ejemplo, en un caso emblemático como es el caso Lasa-Zabala, a un pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el que la sala se divide por la mitad, porque ahí hay un forzar la presunción de inocencia. La presunción de inocencia uno la tiene en un juicio, pero también fuera. Entonces, ¿quién es quién para decir si esta persona es una víctima-victimario? Quiero decir, no solamente no se les ha reconocido, sino que se les ha machacado. Y eso muchas veces no lo ve la gente. La sociedad se queda con la cantinela, pero es una persona a la que primero arrebatan la vida o atropellan sus derechos fundamentales. Luego, además, va a haber un maltrato institucional que se prolonga durante décadas.

Entonces, esa categoría de víctima-victimario…. Sé que ha habido un debate muy agrio en los medios de comunicación en verano, pero creo que es un debate que no construye. Un debate de ese tipo en los medios de comunicación, tal y como se ha planteado, creo que no ha aportado nada a las víctimas, no ha aportado nada. Y creo que esos debates hay que hacerlos de otra manera. A mi juicio, una categoría de ese tipo es tóxica. Es una categoría que en este momento no toca, porque lo único que hace es más daño. Nadie gana. Esa categoría debería ser extirpada para desarrollar con buena fe y con los matices adecuados qué ha pasado (verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición) y luego es un debate que quizá podría venir muy muy muy al final en procesos de memorialización.

Sospechosamente hay algunas instituciones que están muy empeñadas en impulsar ese debate. Y no estoy hablando de Gogora, estoy hablando de que el Centro de Memorial de Víctimas, que básicamente está inscrito objetivamente en una financiación del Ministerio del Interior, impulsa muchísimo este debate. Cuando quizá lo que toca con estas víctimas primero es hacer todos los esfuerzos para saber qué ocurrió y luego intentar dotarles de una serie de derechos. Es muy sospechoso que haya determinados impulsos en decir no a las víctimas. Su primera comunicación es no a las víctimas.

Que en una convivencia de futuro, de buena fe, hay que intentar vaciar las bolsas de sufrimiento y hay que encontrar los instrumentos. Las leyes son para encontrar instrumentos para intentar aliviar las bolsas de sufrimiento, y no, con debates principialistas, aplastar a las personas.

Yo creo que, por tanto, habría que limpiar eso. Repito que la propia Lley de víctimas del terrorismo del 2011 no tenía esa concepción: esa concepción jurídica se introdujo en esa ley de presupuestos y la envenenó. Lo mismo que, a mi juicio, se envenenaron en su momento muchos de los debates jurídico-penales y de reinserción y penitenciarios con la Ley Orgánica 7/2003, la cual metió una serie de contenidos éticos en un totum revolutum de lo que era el cumplimiento íntegro de las penas y nos dejó un legado de debates estériles que lo que generan es sufrimiento. Y yo creo que se puede reordenar el debate para que haya justicia para todos, pero esa categoría debería ser expulsada porque no hace más que daño.

Asimetrías también con los victimarios

Maitane Salinas: Sin duda.

Ainara, hablando de esa ausencia de justicia para los familiares y víctimas, a pesar del trabajo realizado desde el 2010, sigue habiendo asimetrías. A día de hoy, ¿qué asimetrías siguen estando en el día a día de todas estas personas?

Ainara Esteran: Reenganchando con lo último que decía Jon Mirena, es verdad que partimos de realidades distintas. Es decir, víctimas de ETA y víctimas del Estado parten de realidades absolutamente distintas. En este momento, las víctimas del Estado están inmersas en un proceso de reconocimiento oficial de las vulneraciones de derechos padecidas muchas de ellas hace 30, 40, 50 años; o sea, estamos en un proceso todavía de reconocer lo que se les hizo. Al margen de que la ley vasca, como ha explicado antes Jon Mirena, no tiene capacidad de poder identificar al victimario: es simplemente el reconocimiento de la vulneración padecida por esas víctimas.

Es decir, que estamos en un escenario en el que a día de hoy, entre la ley navarra, la ley vasca y el anterior decreto 107/2012, habrá en total cerca de 500 víctimas reconocidas. Pero si atendemos a los datos expuestos antes también por el compañero, estamos hablando de casi 6.000 casos de tortura, de cientos de personas muertas y de heridos graves. Por tanto, después de la desconfianza que ha habido en este sector de víctimas con respecto a las instituciones, ahora que estamos generando confianza en ellas porque se está viendo que está dando frutos, este tipo de debates vuelven a generar otra vez una cierta desconfianza. Al final, me van a reconocer con la boca pequeña, sí, pero soy menos víctima.

Por tanto, creo que es importante decir que estamos en un proceso todavía incipiente y que hay que dejar que las víctimas hagan este proceso con total seguridad.

A nivel de discriminaciones, son muy evidentes y son muchas. Por decir algunas de las más importantes, el propio modelo de justicia que se ha aplicado en el contexto de violencia de motivación política ha sido de un desequilibrio absoluto. Hemos visto durante estos años cómo sobre unos victimarios ha caído todo el peso de la ley y cómo esas leyes se han estirado hasta lo que hoy conocemos como una cadena perpetua encubierta, que es la permanente revisable.

En cambio, sobre otros victimarios solo ha habido impunidad. Ya se han enumerado unos poquitos casos en los que hubo un camino judicial, con unas condenas, pocas, muy altas, pero vimos cómo a los pocos días, a las pocas semanas, a los pocos meses (algunos ni siquiera llegaron a entrar) fueron excarcelados con indultos parciales. Es el caso de Barrionuevo, de Vera, de Sancristóbal…

Y hay un caso que yo diría paradigmático: el de Galindo. El general al que le hicieron general cuando ya se sabía que había sido responsable del secuestro, tortura, asesinato y desaparición forzosa de Lasa y Zabala. Fue el propio Belloch quien le hizo general a sabiendas de que era el responsable de todo esto. Además, a este señor Rodríguez Galindo se le excarcela por un problema coronario, el gobierno de Zapatero le excarcela por un problema coronario a los 4 años de entrar en prisión. Y falleció muchos años después por COVID; o sea, nada que ver con la enfermedad.

Sin embargo, en el otro segmento de victimarios, vemos que se les ha excarcelado para morir, directamente para morir.

Sí que quiero decir una cosa que me parece relevante y que también habla de la voluntad constructiva de las víctimas: ante estas aberraciones, ninguna se ha levantado en contra ni de un tercer grado, ni de un indulto parcial. No han intentado fiscalizar la política desde su posición de víctimas, y me parece que eso también hay que decirlo. La gestión del dolor que han tenido estas víctimas y su aportación a que podamos entre todos construir un camino para alcanzar la convivencia.

He citado antes la Ley sobre secretos oficiales, y no tienen derecho a la verdad, pero tampoco a la justicia. Vemos cómo en diferentes actos institucionales dirigidos a víctimas del Estado, como puede ser el 26 de junio, el Día Internacional en apoyo de las víctimas de la tortura, se reivindica el derecho a la verdad, al reconocimiento, a la reparación y a las garantías de no repetición por parte de las instituciones, en los discursos institucionales lo escuchamos, pero siempre omiten la palabra justicia. Y yo creo que esto también es el termómetro de cómo la sociedad en general hemos naturalizado que los crímenes de estado sean impunes, cuando debería hacernos retorcernos en los sillones. El garante de los derechos humanos de los ciudadanos fue el que se los vulneró. Esto tiene una gravedad absoluta y, sin embargo, naturalizamos que no se investigue, que no se pida justicia, que quede todo ahí en una nebulosa, lo cual es un síntoma preocupante.

También hay otras discriminaciones. Por ejemplo, ahora que se acerca el 12 de octubre, estos días hemos visto en Bilbao exposiciones de la Guardia Civil. Y es un cuerpo que, por ejemplo en el caso Lasa-Zabala, está probado que fue el GAL verde el responsable de estos asesinatos, muertes por torturas en comisarías, de cientos, de miles de casos de tortura, de ejecuciones extrajudiciales que están siendo reconocidas oficialmente a través de la ley que citaba antes Jon Mirena. Sin embargo, vemos como desde las atalayas institucionales se alaba el recorrido histórico de esos cuerpos policiales que realmente han sido los victimarios de estas víctimas a las que nos estamos refiriendo. Y no ha habido una asunción del dolor generado, del dolor causado, nadie les ha pedido que hagan un recorrido ético de su pasado. Es decir, que en el caso contrario es impensable que algo así sucediese.

Entonces, son muchas las discriminaciones que padecen, y yo creo que en este camino tenemos que empezar a dar pasos hasta conseguir una igualdad en el tratamiento de las víctimas.

Además, tampoco tienen el foco mediático. Hemos vivido épocas, en estos últimos 10 años, en las que el debate de las víctimas ha estado muy presente en el escenario vasco y se ha hablado de humillaciones a las víctimas, se ha hablado de hacer autocrítica del pasado. Sin embargo, a los responsables de la violencia que han padecido todas estas víctimas, nadie les ha dirigido una sola exigencia de asunción del daño causado, de asunción de víctimas, de hacer una autocrítica de su pasado. Hemos vivido y vivimos esto, porque anteayer volvió Rafael Vera otra vez a hacer apología de los GAL en La Razón.

Hemos visto cómo constantemente victimarios y responsables que han sido condenados, y rápidamente indultados y excarcelados, han salido a la palestra para decir que volverían a hacer lo que hicieron y ninguna institución de este país levantaba la voz ante esta apología del terrorismo. Nosotros hemos tenido que salir en varias ocasiones no para denunciar las palabras de ese elemento, sino para llamar la atención de partidos políticos y de instituciones: «¿No vais a decir nada ante esto que es más que revictimizar?».

Es decir, yo creo que ha habido y hay una doble vara de medir, que hay una jerarquía del dolor entre víctimas en función del origen de la violencia padecida y que habría un montón de cuestiones que podríamos comentar sobre el tema de las discriminaciones.

Maitane Salinas: Y que seguiremos haciendo, entiendo, a partir de ahora como algo normal, naturalizar no lo anterior, sino naturalizar realmente que estas realidades se dan y que hay que hablarlas.

Ainara Esteran: Pues, por ejemplo, hay víctimas de los GAL que no están reconocidas como tal, y hay víctimas de los GAL reconocidas como víctimas del terrorismo y, sin embargo, en el Estado español el GAL no está calificado como una banda terrorista. O sea, algo que no se entiende.

El Estado francés

Maitane Salinas: Estábamos hablando del Estado español. Hablemos del Estado francés.

Jerónimo, ¿cómo se entiende el silencio de Francia? Esa aparente o no pasividad.

Jerónimo Ríos: El silencio de Francia es un silencio de absoluta corresponsabilidad y de absoluta connivencia. A nosotros cuando hacíamos entrevistas a víctimas de los GAL en Francia, nos llamaba mucho la atención, porque éramos incapaces de entender al principio por qué alcaldías como Biarritz, Hendaia o Baiona eran incapaces de favorecer iniciativas para visibilizar, para problematizar y para politizar, en el sentido más democrático de la palabra, en el sentido de demandar acciones políticas para reconstituir derechos. Y lo que nos encontramos era mirar para otro lado. Es decir, Francia entiende que eso era un problema de España, que eso era un problema de Euskadi.

Por supuesto que cuando haces muchas entrevistas y tratas de tirar hilos, siempre aparece Jean Louis, aparecen gendarmes que son vasos concomitantes en muchos de los actos de terrorismo de estado; en el caso de los GAL, sabemos que facilitaban información, que facilitaban ubicaciones, que facilitaban fotografías con las que luego se cometían muchos de estos atentados. A mí me llama poderosamente la atención que haya este halo de irresponsabilidad por parte de las autoridades francesas.

En el año 85, hay varios atentados. El hotel Monbar, que nos ocupa hoy, es quizá el corolario, el epítome de ese tipo de violencia estatal. Pero semanas antes teníamos el atentado en el Café Les Pyrénées, en el que intentaron atentar contra Pikabea y que causó la muerte de Pescasteings; se llevó a cabo un atentado en el Bar Trinkete, que deja consigo [la muerte] de dos ciudadanos franceses, Émile Weiss y Claude Doer; la Nochebuena del 85 atenta contra un electricista francés, Robert Caplanne, que iba a trabajar y que a la salida de tomar el café de cada mañana es asesinado a tiros por la espalda (muere el 3 de enero de 1986). Esas víctimas no tienen ningún tipo de reconocimiento, no tienen ningún tipo de empatía mínima democrática por parte de un Estado de Derecho que algo tiene que decir para con sus ciudadanos, para con sus víctimas. Pero demandar este tipo de escenarios en suelo francés es absolutamente inviable.

En este lado del sur, pues sí que se han hecho iniciativas. Esto, por ejemplo, es una iniciativa que creo que debe ser acogida con reconocimiento (yo garantizo el valor que tiene poner encima de la mesa y dar la voz a las víctimas de este terrorismo de estado). La Fundación Fernando Buesa recoge algunos testimonios, Covite recoge algún testimonio, el Memorial recoge algún testimonio, pero es necesario trabajar de una manera mucho más incisiva, es necesario trabajar de una manera mucho más colaborativa a la hora de humanizar, a la hora de reconocer que detrás del terrorismo de estado hay víctimas, hay familias que demandan superar un silencio que, como bien plaentaban mis compañeros, es ya de cuatro décadas.

Verdaderamente la corresponsabilidad de Francia nos obliga quizá a tener que asumir, insisto, una posición de garantes institucionales, de garantes como sociedad y como democracia para con ellos. Es decir, quizá reconocer ese tipo de espacios en España y en Euskadi, trabajar en aras de dignificar a estas víctimas, yo creo que es una labor necesaria, es una labor que no se ha realizado, o que se ha realizado todavía de una manera muy incipiente, y que tiene que ser un mecanismo para avanzar en la necesidad de superar un silencio que, como bien planteaba Jon Mirena, también involucra a otro tipo de instituciones.

En Francia no hay memoriales para las víctimas de terrorismo. Es una cuestión propia de acá. Y los memoriales no pueden gravitar en torno a bailes de cifras: la razón no puede ser 860 muertes versus 27. Eso empobrece sobremanera una necesidad de recomposición del tejido social. El debate tiene que abordar las naturalezas jurídicas que están detrás de las diferentes violencias, y en el caso del terrorismo de estado es evidente, y en el caso de las violencias por abusos también lo es.

Ahora hemos encontrado en el Memorial, por ejemplo, un excelente trabajo sobre los GRAPO comisariado por Carmen Ladrón de Guevara, un excelente trabajo que da luz al tercer grupo que despliega mayor tipo de letalidad en Europa occidental en los últimos 50 años, 93 víctimas mortales en casi cuatro años. En España, los trabajos académicos sobre los GRAPO brillan por su ausencia. En España, la visibilidad de las víctimas de los GRAPO está también en una situación totalmente marginada.

Y hacia ahí tenemos que caminar, hacia visibilizar este tipo de violencias, el terrorismo de estado, los GRAPO, otro tipo de expresiones violentas que durante mucho tiempo han estado en el ostracismo, en la dejación de funciones, en el olvido y en el duelo íntimo de las familias. Y ahí la corresponsabilidad, insisto, y esto lo enfatizo vehementemente, va más allá de las instituciones. La sociedad va por delante, los partidos políticos siempre van por detrás de la sociedad.

En ese sentido, este tipo de iniciativas, fundaciones, asociaciones y sobre todo también la universidad, porque la universidad mantiene un silencio cómplice con muchos de estos aspectos. Cuando miramos la literatura fuera de Euskadi, en España nos encontrábamos que sobre los GAL, sobre la responsabilidad del Estado en según qué violencias hay 20 años de silencio académico. Somos elementos que formamos parte del problema y que debemos formar parte de la solución. Y a partir de ahí corresponsabilizar extremos de la sociedad en el caso evidente que implican los GAL con Francia, sobre todo, y el ostracismo y la negación de acciones nos obliga a un plano de reivindicación y de militancia académica mucho más vehemente.

El reconocimiento institucional y la necesidad de debates

Maitane Salinas: A colación de lo que comenta Jerónimo, Jon Mirena, ¿qué implica este reconocimiento desde la perspectiva de los derechos humanos?

Jon Mirena Landa: El acto de hoy, ¿no?

Maitane Salinas: El acto de hoy y el acto de la semana pasada.

Jon Mirena Landa: A mí me parece que está en el buen camino, porque se percibe una sinceridad en intentar abordar temas que no se han querido abordar. No se han querido abordar de frente, porque estos temas quemaban. No hace falta explicarlo. Y por eso hay mucha gente que se apartó en su momento de los debates académicos o de los debates públicos, porque había un «conmigo o contra mí», que esos son los esquemas de polarización política, y en esos esquemas de blanco y negro, no hay posibilidad de matices.

Incluso la propia cultura de los derechos humanos se retorció hasta los extremos, porque por decir determinadas cosas eras cómplice de los terroristas. No se permitían zonas intermedias, ¿no? Se supone que tendríamos que haber transitado un tiempo en el que todo eso se va abriendo. Y yo creo que se va abriendo, pero cuesta, porque hay idas y venidas.

Pero estos temas hay que encararlos de frente. Y encararlos de frente es sacarlos y permitir debates sinceros. Luego, cada uno tendrá que administrar su palabra y su manera de conducirse en los debates. No vamos a evitar que haya elementos negativos en los debates, pero los debates hay que abrirlos y tiene que haber aire. Pero, claro, no nos podemos quedar solo en eso. Yo que estoy en la academia y soy de la vieja guardia, iba a muchas jornadas, pero en las jornadas es díficil que la gente venga y este acto de hoy está lleno. Y hace poco hubo una jornada en Baiona y también estaba lleno.

Creo también que hay un hambre de debates con un poco más de profundidad, no teledirigidos a veces por los medios de comunicación. Es cierto que hay medios de comunicación que hacen bien las cosas, pero, como línea general, lo que hacen es simplificar y dejar a las personas en la estacada, porque quizá la primera consideración es que todo esto tiene que intentar ayudarnos a que gente que se haya quedado en la estacada pueda ser recuperada.

Estoy firmemente convencido de que estos actos tienen que dar el paso a lo que es la fase de verdad; es decir, la fase de verdad es imposible de saltarla por encima si las cosas se quieren hacer bien. Y no soy inocente; sé que el tempo político antes era distinto porque los temas convocaban masas, repercutían directamente en los medios de comunicación, movilizaba a los primeros espadas de los partidos políticos, nos hervía la sangre…

Ahora la sociedad tiene un un flujo distinto. A veces se producen chispazos en donde se recupera esa primera línea, pero hay muchas veces que estos temas van cayendo a no voy a decir minorías, pero sí a un trabajo más silente. Yo creo que en ese trabajo más silente tiene que haber un trabajo institucional, tiene que haber también un trabajo de fe en que hay que empujar la verdad. Yo ya sé que es muy difícil . ¿Por qué se ha naturalizado la impunidad, etcétera? Porque tienes delante un poder judicial que cerró todas las cosas y las cerró absolutamente, y entonces parece que te quedas sin armas y tiene que haber una especie de rearme para generar ventanas de verdad.

Esas ventanas de verdad son compatibles con nuestras vidas más normalizadas y con otras cuestiones políticas que a veces ocupan la primera línea, pero hay que empujar la verdad.

Me permito hacer una una propuesta también. Se habla mucho de los historiadores, y es cierto que los historiadores tienen un papel importante, porque revisan el pasado y además lo pueden revisar desde distintos ángulos ideológicos. Sería una pena que solo hubiera historiadores en una dirección.

Voy a poner un ejemplo que quizá es desafortunado, pero si les dejáramos contar el genocidio en Gaza a determinados historiadores en Israel… Igual sería mejor que hubiera historiadores en Israel, historiadores en Palestina. Es decir, que haya distintos historiadores, porque ese choque de la metodología histórica con rigor es el que va generando una renovación de contenidos. Entonces, sí es necesario el trabajo historiográfico, un trabajo historiográfico plural, pero yo, que soy jurista, creo que hay un trabajo por hacer que es oceánico, que es la recuperación de cómo se hicieron las cosas en términos de justicia.

Hemos dado algunos trazos aquí, pero habría que recoger los 27 casos, ¿cuántos se fallaron? ¿dónde se fallaron? Los que se fallaron en Francia, ¿cómo fueron las sentencias? Los que se fallaron en España, ¿cómo fueron las sentencias? Todo eso, ese trabajo es muy difícil que lo haga alguien en una academia o un grupo de investigación; requerirá también de apoyo institucional. Y esto no crean que es una cosa de prurito intelectual, sino hay que ir preparando fases para ir desvelando la verdad.

Cuando empezamos a tener algunos datos, hay que recoger la hemeroteca, porque las fuentes judiciales no las vamos a tener. Es decir, el poder judicial no nos va a venir a instruir los casos, pero sí que hay que empujar la verdad desde otros sitios. Yo estoy firmemente convencido de que cuando la verdad se impulsa… no voy a utilizar la palabra despolitizar porque creo que la política es muy noble, pero sí neutralizar taras de una política partidista negativa. Es decir, la verdad mínima de las víctimas ayuda a entender muchas cosas.

Hay muchas personas razonables que entenderían perfectamente; son personas que en este momento no están en esa onda política o en esa onda de apertura y, que si le explicas las cosas, las entiende. Lo mismo que cuando ha habido tanto dolor en las víctimas de ETA y se ha explicado, se entiende. Entonces, yo creo que tenemos que transitar hacia ese entendimiento, pero no solamente como voluntad política, sino sobre una base de verdad. Y esa base de verdad requiere también de que las instituciones trabajen con fairplay, con buena fe.

Buena fe es abrir, no solo lo de los míos, sino abrir las instituciones, intentar que por las instituciones corran las distintas visiones de la verdad. Porque nadie tiene la verdad, ni los historiadores, ni los juristas, ni los políticos. Tenemos nuestras perspectivas de verdad que de buena fe podemos ir empujando.

Creo que ahí hay mucho que hacer. Somos un país muy de movilizarnos. Y somos también un país industrial que no entendemos a veces las ciencias sociales. «Estos de las ciencias sociales, ¿qué hacen?». Bueno, yo creo que ahí esas ciencias sociales tendrían que ayudar a que se vaya haciendo ese trabajo que no se hizo, porque si no se hace, seguirá invisible.

El perdón pedido desde el Gobierno Vasco

Maitane Salinas: Y ya para ir terminando, Ainara, ¿qué ha supuesto para todas las víctimas escuchar el perdón de la consejera de Justicia y Derechos Humanos la semana pasada? Las palabras de María Jesús San José.

Ainara Esteran: Bueno, yo creo que ha supuesto un hito en este camino. Creo que se ha hecho algo que que estaba pendiente desde hace muchos años, que era una deuda, no solo de las instituciones, sino creo que también del Partido Socialista. Creo que por primera vez hemos escuchado de manera tajante, sin ambages, que fue terror, que los GAL fueron terrorismo de estado, que se creó desde las estructuras del gobierno de Felipe González y que se utilizaron todas las herramientas del Estado para vulnerar derechos humanos.

Creo que esas palabras marcan un antes y un después, las dichas y yo creo que también las no dichas, porque estamos acostumbrándonos, por decirlo de alguna manera y muy entre comillado, que cada vez que hay un acto institucional hacia víctimas del Estado, en los discursos, si se nombra a víctimas del Estado, haya que nombrar a víctimas de ETA. Y no decimos que no haya que nombrar a ambas, pero si hay que nombrar a ambas, habrá que hacerlo en todos los actos institucionales que se hagan para unas y para otras, no solo en los que se hacen hacia las víctimas de estado.

Entonces, yo creo que ha sido un hito que ha marcado un antes y un después y que genera un punto de inflexión.

Nadie sabíamos qué iba a leer la consejera y nos quedamos un poco en shock. Creo que hemos sido conscientes igual al día siguiente, o a los días siguientes, del calado de esas palabras. Desde luego, esperamos que tengan una continuidad. Está muy bien que el Partido Socialista de Euskadi lo haga. De verdad que lo aplaudimos. Siempre pedimos valentía, voluntad política y determinación. Y en este caso creo que la ha habido.

Pero sí que creemos que debe continuar este camino la Administración del Estado, el Gobierno Central, que hoy en día también es del Partido Socialista Obrero Español. Creo que tiene una losa, que arrastra una losa de gestores anteriores, porque durante todos estos años se ha evitado por activa y por pasiva entrar a esta cuestión. Y de alguna manera se ha condenado el GAL como si no tuviera ningún tipo de relación con el Partido Socialista y creo que estamos en un momento en el que ya es hora. Y que desde la máxima autoridad del Estado se haga una petición de estas características y, por lo menos, una asunción de una responsabilidad política que hasta hoy, hasta hace pocos días, no habíamos oído jamás.

Maitane Salinas: Nos estamos quedando sin tiempo. Esperamos haber dado un paso más en esta construcción de una memoria más inclusiva y y más compartida también. Eskerrik asko, gracias a Jon Mirena, Ainara y Jerónimo por vuestro conocimiento y, sobre todo, por todo lo que aportáis también diariamente, no solo hoy, aquí y ahora. Gracias también a quienes habéis estado escuchando, porque la escucha es una forma de reparar y es importante que hablemos, pero también que nos escuchemos.